La Comisión Europea propone una nueva ley llamada Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es actualizar la protección del consumidor en la era digital. Si bien tiene buenas intenciones, el impacto de la DFA en la publicidad y la experiencia del usuario en línea ha provocado un acalorado debate entre empresas y grupos de defensa de toda Europa.
En esencia, la DFA busca abordar cuatro cuestiones principales: prácticas comerciales desleales impulsadas por “patrones oscuros” en los sitios web, marketing engañoso por parte de personas influyentes, características de diseño adictivas en productos digitales y prácticas de personalización desleales que explotan los datos de los consumidores. La legislación propuesta toca algunas áreas sensibles como definir qué constituye “diseño adictivo” y “patrones oscuros”, dejando espacio para una interpretación amplia. Esta ambigüedad genera preocupaciones sobre posibles extralimitaciones y la capacidad de la Comisión para presionar a las empresas mediante intervenciones ad hoc en lugar de regulaciones claras.
Una avalancha de comentarios:
El proceso de consulta pública sobre la DFA atrajo un récord de 4.325 presentaciones, en gran parte alimentadas por la preocupación de los jugadores por posibles restricciones en sus experiencias en línea. Si bien algunos aspectos del proceso de consulta se inclinaron hacia aquellos que apoyaban una regulación más estricta, cabe señalar que las críticas no se limitaron únicamente a grupos de la industria tecnológica o empresas extranjeras.
Las asociaciones empresariales europeas que representan a una variedad de sectores en general se opusieron al DFA, argumentando a favor de centrarse en hacer cumplir las reglas existentes en lugar de agregar nuevos niveles de regulación. Varias empresas europeas destacadas se hacen eco de esta postura, incluida la plataforma finlandesa de entregas Wolt, la aerolínea irlandesa Ryanair, el mercado de moda lituano Vinted, el gigante sueco de transmisión de música Spotify y muchos otros. Estas empresas advierten que una regulación excesiva podría sofocar la innovación y obstaculizar el crecimiento, especialmente para las empresas más pequeñas que ya se enfrentan a regulaciones complejas existentes como GDPR, DSA y DMA.
Repensar el enfoque:
Algunos argumentan que la Comisión debería adoptar un enfoque más específico similar a las recientes revisiones del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). En lugar de revisar todo el marco, quienes defienden esta perspectiva sugieren centrarse en armonizar la aplicación en todos los Estados miembros y simplificar los requisitos de presentación de informes para las empresas. Esto daría prioridad a la claridad y la implementación práctica sobre la introducción de nuevas regulaciones amplias que podrían requerir revisiones futuras debido a consecuencias imprevistas o superposición con reglas existentes.
La propia evaluación de la Comisión reconoce que los consumidores de la UE ya disfrutan de una sólida protección en línea y fuera de línea gracias a un conjunto integral de legislación existente. Sin embargo, el verdadero desafío reside en hacer cumplir estas normas existentes y colmar las diferencias entre los Estados miembros en su aplicación. Se debe priorizar abordar estas cuestiones prácticas antes de agregar otra capa de complejidad a través de una nueva legislación como la DFA.
El rompecabezas económico:
Si bien la Comisión destaca 7.900 millones de euros en daños financieros potenciales a los consumidores por problemas en línea, no ha sopesado adecuadamente esto con los beneficios económicos de la publicidad personalizada, un área clave a la que se dirige la DFA. Los estudios muestran que la publicidad personalizada inyecta al menos 100.000 millones de euros anualmente en las ventas de las empresas de la UE, contribuye con 25.000 millones de euros al PIB y sustenta 600.000 puestos de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) dependen en gran medida de esta forma de publicidad para llegar a los clientes de manera eficiente y competir con actores más grandes, especialmente en mercados más pequeños. Una prohibición de facto de la publicidad personalizada podría aumentar los costos para las empresas, limitar el alcance de sus clientes y, en última instancia, perjudicar el crecimiento económico.
Preocupaciones del consumidor frente a preferencias prácticas:
La presión por regulaciones de privacidad de datos más estrictas a menudo surge de la percepción de que los europeos se sienten incómodos con la forma en que se utiliza su información personal en línea. Si bien este sentimiento es comprensible, es fundamental reconocer que los consumidores también valoran la conveniencia y la relevancia. Las encuestas muestran que una mayoría significativa de europeos prefiere ver anuncios personalizados porque son más útiles y se adaptan a sus intereses. Esta aparente contradicción resalta la necesidad de un enfoque matizado que equilibre las preocupaciones sobre la privacidad con las preferencias prácticas del usuario.
El debate en torno a la Ley de Equidad Digital se reduce a encontrar el equilibrio adecuado. Si bien proteger a los consumidores de prácticas dañinas en línea es esencial, imponer restricciones radicales al uso de datos podría tener consecuencias no deseadas para las empresas, la innovación y, en última instancia, las opciones de los consumidores. Para lograr un resultado exitoso será necesario considerar cuidadosamente ambos lados de la ecuación: garantizar una protección genuina del consumidor sin sofocar la economía digital.
